Una fiscalidad no tan verde

fiscalidad no tan verde
Autor: Lluís Amengual

“El que contamina, paga” es una de las máximas ambientales más conocidas. Aplicándola al bolsillo, se traduciría en la denominada fiscalidad verde. Y es que la Unión Europea (y, por tanto, todos los países que forman parte de ella) promueve que la fiscalidad sea, cada vez, más transparente. Mediante el palo y la zanahoria, busca tanto castigar aquellas praxis que contaminen el Medio Ambiente (palo) como premiar aquellas que no lo hagan o reduzcan su impacto ambiental (zanahoria).  Y una de las herramientas más efectiva de la que dispone es tocar el bolsillo, la fiscalidad verde, que no busca otra cosa que incentivar cambios de comportamientos hacia otros más sostenibles y respetuosos.

“En la Unión Europea vemos diferencias entre países en cuanto a la implantación de impuestos ambientales, así como en lo ambiciosos que son”, explica Esther Blanco, profesora del Departamento de Economía Pública de la Universidad de Innsbruck (Austria), a lo que añade que, “en los últimos años vemos países que avanzan en la implantación de impuestos verdes, incluyendo impuestos sobre el dióxido de carbono. Lo que podemos esperar es que en los próximos años haya un mayor número de impuestos ambientales y que los que haya sean más ambiciosos, más caros. Podemos esperar también una mayor integración a nivel de la Unión entre países, haciéndolos más homogéneos, dentro del paquete de medidas de la UE hacia los objetivos de una economía baja en carbón y cero emisiones en el futuro próximo”.

A nivel español, sin embargo, son pocas las figuras impositivas con una clara naturaleza ambiental: el impuesto sobre el almacenamiento de combustible natural gastado, el de los gases fluorados que tienen efecto invernadero y residuos radioactivos y poco más. Así se pone de manifiesto a través del informe Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible, elaborado por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo Birdlife y WWF. En el documento, se señala que es necesario que la fiscalidad española se acerque a las de los países de nuestro entorno ya que, en términos de porcentaje del PIB, España ocupa el puesto 25 en el ranking de la fiscalidad ambiental de la UE-28. “España tiene mucho margen de mejora. Además, la fiscalidad ambiental no puede ir sola, sino que tiene que ir acompañada de una fiscalidad general mucho más redistributiva porque si no, va en contra de las clases menos favorecidas. Como el impuesto al diésel que tiene que ir acompañado con la mejora del transporte público y de mecanismos para el abono muy reducido para las personas con bajos ingresos”, explica Luis Rico, coordinador de Ecologistas en Acción.

Y es que, según estas cinco organizaciones, sería necesario tanto reformar tributos existentes, crear nuevos y reformar la regulación sobre haciendas locales. Entre otras propuestas está la de modificar el IVA de los productos teniendo en cuenta su impacto ambiental o desincentivar la compra de según qué vehículos, gravando los más contaminantes o crear un impuesto sobre la incineración de residuos urbanos o la ganadería intensiva, entre otros.

A día de hoy contadas Comunidades Autónomas cuentan ya con experiencia a la hora de crear figuras impositivas finalistas (en parte) al Medio Ambiente. Es el caso de Baleares con la creación del impuesto de turismo sostenible. Conocida popularmente como ecotasa, grava las estancias turísticas en el archipiélago desde 2016 y tiene, entre otros objetivos, “el paisaje, conservación y divulgación de espacios de relevancia ambiental, así como la rehabilitación, adquisición o mantenimiento del patrimonio cultural”, explica Iago Negueruela, conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern de les Illes Balears. Pero también hay otros objetivos poco o nada relacionados con el Medio Ambiente como son “la mejora de la formación y de la calidad del empleo o actuaciones en política de vivienda destinadas a fomentar el acceso de la vivienda”. Una finalidad que no comparten diferentes colectivos de las islas. “Un tema clave respecto al impuesto de turismo sostenible, ITS, es que se tiene que reconvertir en una verdadera ecotasa y, por eso, es imprescindible establecer su finalidad que tiene que ser la medioambiental y no otros conceptos como ahora. El ITS es un impuesto turístico para mejorar aspectos generales pensando en el turismo”, explica Jaume Adrover, miembro del colectivo Terraferida. A lo que añade, nuevamente, el carácter, a veces no finalista de los impuestos recaudados. “No debería ser una compensación por la mala financiación sino un impuesto finalista para la recuperación, restauración y mantenimiento de espacios naturales y de la biodiversidad”, añade Adrover.

En la misma línea se manifiesta Margalida Ramis, portavoz del Grupo de Ornitología Balear, GOB, “consideramos imprescindibles estos impuestos. Hay que compensar los efectos ecológicos negativos de un modelo económico, hasta ahora basado en el monocultivo turístico intensivo. Para nosotros debería haber sido el objetivo principal y no es así. En este sentido, desde el GOB hemos defendido que el impuesto debería ir íntegramente dedicado a cuestiones vinculadas a la preservación de los recursos naturales. Es más, consideramos que debería ir destinada a impulsar las políticas para una transición ecosocial hacia un nuevo modelo económico en el marco de emergencia climática que apostara por el decrecimiento turístico y la diversificación”, señala.

Pero, ¿funcionan los impuestos ambientales? “Hay gran consenso académico y político respecto a que los impuestos ambientales sí funcionan. El mayor obstáculo que estas herramientas deben superar para su implantación es la aceptabilidad social y, en esto se viene trabajando desde hace años y se ha avanzado mucho. A día de hoy los impuestos ambientales se entienden como una herramienta dentro de un paquete de políticas que favorecen su aceptabilidad”, añade Esther Blanco.

Pero la implantación de nuevos impuestos no es tarea fácil. “A corto plazo, y si los tributos ambientales se implantan simplemente como impuestos adicionales a otros existentes, implican un empobrecimiento de los consumidores y una reducción de la competitividad para las empresas (entendiendo que la implantación no es universal a nivel internacional). Y a nadie le gusta pagar más impuestos, así que aparecen fuertes oposiciones desde el sector económico y a nivel social contrarias a este enfoque. Estos son los argumentos que los hacen más impopulares. Así pues, los esfuerzos van encaminados, en primer lugar, a acelerar la transición hacia los beneficios de largo plazo que derivan los impuestos ambientales de tal manera que el plazo de transición sea ​​lo más corto posible. Y, en segundo, los esfuerzos van encaminados a la implantación de medidas que reduzcan el esfuerzo de los ciudadanos y empresas durante la transición hacia una economía más verde. Por ejemplo, una reducción de los impuestos sobre la renta a las rentas bajas o subsidios directos a las familias. Y hacia las empresas planes de reconversión para los sectores altamente contaminantes que se verán reducidos para que las empresas y los puestos de trabajo asociados a ellas encuentren una alternativa productiva”, explica.

Sin embargo, la coletilla ‘verde’ a impuestos que no lo son tanto y que van destinados a la caja común de las administraciones y no a finalidades concretas es un mal más extendido de lo que podemos pensar. Es el caso, por ejemplo, del mal llamado ‘céntimo sanitario’. Ideado a principios de los 2000, buscaba financiar las competencias en Sanidad transferidas a las Comunidades Autónomas, mediante el gravamen al combustible. Con el paso de los años, se ha demostrado que ni era un céntimo (en algunas zonas de España llegó a los 6,8 céntimos por litro de combustible) ni era sanitario (porque a la práctica no tiene carácter finalista sino va a financiar las arcas de las administraciones). Pero ahí queda. Por eso, hay que ir más lejos de los nombres y de las etiquetas para saber qué hay detrás de cada uno de ellos.

Escrito por Lluís Amengual, divulgador medioambiental, en colaboración con la Fundación Ecolec.

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